jueves, 25 de abril de 2013

¿QUÉ TIPO DE “REFUGIO” ES LA AGRICULTURA PARA LOS TRABAJADORES INMIGRANTES EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS? Por ANDRÉS PEDREÑO CÁNOVAS.


Texto publicado en Anuario de Relaciones Laborales 2013 (enlace a índice y presentación) coordinado por Antonio Ferrer y Santos Ruesga y editado por la Unión General de Trabajadores.  


Anuario de relaciones laborales 2013

La agricultura española, y concretamente el subsector de las frutas y hortalizas, ha conocido en las últimas décadas una progresiva globalización de sus productos y en paralelo un proceso de asalarización de su fuerza de trabajo. Esta dinámica se ha venido produciendo en el contexto de la modernización económica de la década de los 80-90 que posibilitó la desactivación de las tradicionales bolsas de jornaleros de la España del Sur y Levante, por su trasvase hacia sectores como la construcción, la hostelería u otros. De tal forma que  fueron los flujos migratorios internacionales los que desde finales de los 80 han venido suministrando el trabajo necesario para la “huerta de Europa”. Es esta fuerza de trabajo aportada por la inmigración la que está en la base del vigoroso desarrollo de las orientaciones agrícolas más innovadoras. De los casi 362.000 peones agrícolas que en 2010 se ocupaban en la geografía agraria española, un 50% o más estaba compuesto por varones y mujeres inmigrantes (según las EPA-2010, en la agricultura española se empleaban 184.500 ocupados extranjeros).
La formación de una agricultura altamente globalizada y salarial se ha venido basando en una acusada dualización de las cualificaciones de trabajo, que es al mismo tiempo una polarización de las condiciones de empleo. Mientras que está experimentando un incremento de las cualificaciones hacia arriba (técnicos, comerciales, maquinistas, etc.), hacia abajo se abre un amplio proceso de desvalorización del trabajo más manual (recolectores, mujeres de almacenes de confección, etc.). Esta lógica está fuertemente etnificada: el 90% de los activos trabajadores cualificados son españoles, mientras apenas el 10% son extranjeros.
Y es que la globalización de la agricultura ha ido a la par de una extrema flexibilidad de las relaciones salariales. Las relaciones laborales en las agriculturas españolas han profundizado la eventualidad e intensificado el trabajo, y se ha constituido un tipo de trabajo de extrema fluidez. Esto ha sido factible mediante la movilización continua en el tiempo de categorías sociolaborales altamente vulnerables en el interior de la organización social del trabajo, principalmente mujeres e inmigrantes.
Desde la vulnerabilidad de sus condiciones de inserción, sin embargo, los trabajadores inmigrantes pusieron en marcha estrategias de progresiva integración social aprovechando los recursos del sistema de protección social y presionando para mejorar sus condiciones laborales. Además muchos pudieron trasvasarse desde la agricultura hacia otros sectores económicos, muy especialmente hacia la pujante actividad de la construcción, como estrategia de fuga de las duras condiciones de trabajo del campo. Esta trayectoria más o menos ascendente se truncó con el advenimiento de la crisis de 2008. El vehículo de la integración social pacientemente tejido durante estos años atrás se resquebraja por todas partes. Los hijos de las familias inmigrantes –excelente termómetro de la integración alcanzada por este colectivo de la clase trabajadora- que con enormes dificultades trataban de avanzar en los itinerarios formativos y educativos (también huyendo del trabajo en el campo) se ven ahora envueltos en la dinámica de sus familias en crisis, optando por abandonar la escuela para formar parte del ejército de precarios, subempleados e informales.
Ciertamente, como no paran de insistir periodistas y empresarios del sector, la agricultura se ha convertido en “un refugio” para muchos trabajadores golpeados por la crisis. Pero esto ha de entenderse con las debidas matizaciones para no incurrir en excesivos triunfalismos. Si observamos las series de la EPA sobre los ocupados en la construcción observaremos rápidamente el tremendo ritmo de destrucción del empleo en el sector de la construcción, con la generación de casi un millón de  desempleados. Y efectivamente la serie de evolución de ocupados en la agricultura nos muestra una evolución positiva del empleo desde el inicio de la crisis. Lo que induce a pensar que ha habido cierto trasvase de ocupación de la construcción a la agricultura. Pero si miramos estas mismas series desagregando el origen nacional concluiremos que este trasvase es más intenso en el caso de los trabajadores extranjeros que experimentan un fuerte crecimiento en la ocupación agraria (de 171.000 en 2008 a 192.000 en 2012), mientras que los trabajadores españoles presentan una evolución más estable con un ligero crecimiento (y eso en el caso de los varones que pasan de los 457.800 ocupados del 2008 a los 462.200 del 2012, mientras que las mujeres decrecen su participación en el mismo periodo pasando de las 171.300 ocupadas agrarias de 2008 a las 157.000 de 2012). Es decir, la agricultura es un refugio, efectivamente, pero étnicamente diferenciado también en términos de género (las mujeres inmigrantes también incrementan su ocupación en la agricultura en la serie: de las 38.200 de 2008 a las 44.100 de 2012).
En definitiva, las fracciones más vulnerables de las clases trabajadoras, esto es, los trabajadores inmigrantes no comunitarios, son los que mayormente están encontrando “un refugio” en la agricultura (pues persiste en términos generales el rechazo al trabajo en un sector donde perduran unas condiciones laborales altamente precarias). Una vulnerabilidad construida socialmente sobre la base de la discriminación como muestra el que los trabajadores inmigrantes están siendo los primeros en ser expulsados del mercado laboral en la actual coyuntura recesiva, con una tasa de desempleo que casi duplica a la de los nacionales. Es el criterio de preferencia nacional aplicado no para emplear sino para desemplear: en 2012, la tasa de desempleo de los extranjeros no comunitarios alcanzaba el 38,6%, mientras que la de los nacionales se situaba en el 23,11%. Algunos estudios regionales han llegado a conclusiones similares, como el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones: “… efectivamente, la crisis económica originó un proceso de movilidad intersectorial con destino al sector agrícola andaluz. Sin embargo, sus actores no fueron, según los datos disponibles, trabajadores españoles en situación de paro, sino trabajadores extranjeros que habían perdido su empleo … El aludido repliegue de trabajadores hacia el sector agrícola andaluz estaría protagonizado, en gran medida, por un segmento específico de la población inmigrante, como son los varones oriundos de países africanos que residen en España, desde hace varios años” (OPAM, 2011, p. 11).
De tal forma que una vez más, gracias a la coyuntura recesiva, la agricultura salarial cuenta con un ejército de mano de obra disponible, vulnerable y altamente disciplinado. Y como en otros momentos de abultamiento del ejército de reserva, las empresas del sector están encarando las dificultades de la crisis mediante una estrategia de competitividad basada en la reducción de costes laborales. Como muestran numerosas denuncias sindicales y las investigaciones en curso (por ejemplo, en el Proyecto ENCLAVES estamos comparando la realidad del trabajo en tres agriculturas regionales: la horticultura del poniente almeriense, la fruticultura del interior de Murcia y la uva del Vinalopó alicantino) estamos asistiendo a una proliferación de las prácticas de economía sumergida (destajos, ausencia de contrato, no remuneración de las horas extraordinarias, prestamistas informales de mano de obra, etc.), a una intensificación de los ritmos de trabajo y a una generalización de la precariedad laboral en un sector donde siempre persistió la eventualidad como relación contractual básica.

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