Dentro de la prestigiosa colección “Research in Rural
Sociology and Development”, dirigida por Terry Marsden en la editorial Emerald,
acaba de aparecer el volumen colectivo LABOR RELATIONS IN GLOBALIZED FOOD coordinado
por Alessandro Bonanno y Josefa Salete Barbosa Cavalcanti (2014).
Tal y como anuncia su publicidad en inglés “In recent
years labor relations have altered significantly and new and more serious forms
of labor marginalization and control have emerged. This book looks at labor in
agriculture and food in a global era by studying salient characteristics of the
conditions and use of labor in global agri-food. Written by experienced and
also emerging scholars, the chapters present a wealth of empirical data and
robust theorizations that allow readers to grasp the complexity of this topic.
The volume stresses the new and emerging dimensions of labor and its continuous
importance under globalization. Relevant to those studying the use and position
of labor in neoliberal globalization, topics addressed include: Globalization
and change in labor relations, mobility of agricultural labor, social
upgrading, labor relations and resistance in the value chain”.
El
libro recoge hasta 12 capítulos sobre casos empíricos que abarcan una amplia
geografía agroalimentaria (México, Argentina, Brasil, España, Colombia, etc) y
también de cadenas alimentarias (uva, fresa, aceite de palma, etc.).
El
proyecto ENCLAVES está presente a través de un capítulo escrito por Andrés
Pedreño, Elena Gadea y Carlos de Castro titulado “Labor, gender and polityical
conflicts in the global agri-food system: the case of the agri-export model in
Murcia, Spain”. El texto parte de una lectura sobre la actual crisis en
los siguientes términos: en plena crisis de endedudamiento de los países del
Sur de Europa, y con el desempleo de masas abriendo una inmensa fractura
social, son muchos los analistas que consideran como salida a esta dramática situación
la apuesta por un modelo exportador de desarrollo económico. La endeble
competitividad de las economías periféricas europeas como la española, tal y
como se argumentará desde la ortodoxia económica, se debe a los elevados costes
laborales y la baja productividad del trabajo, por lo que, según este
razonamiento, se requieren políticas de contención salarial y de austeridad del
gasto público que desincentiven la demanda doméstica y por ende estimulen las
exportaciones que dinamizarán de nuevo el tejido productivo y por tanto el
empleo. Dado que el precio de los productos no se puede bajar por la vía de la
devaluación monetaria (al carecer de control sobre la moneda dada la estructura
del euro y del Banco Central europeo), la “devaluación doméstica” (es decir, la
contención del gasto público y la bajada de salarios) es presentada como un
nuevo consenso en los círculos económicos y políticos para salir de la crisis.
De
tal forma que la investigación que se presenta en este texto sobre el sector
agroexportador levantado en la Región de Murcia (capítulo 9 del libro) permite
plantear la reflexión sobre la validez social del modelo exportador y de la
“devaluación doméstica” como soluciones a la situación de recesión que vive en
estos momentos el Sur de Europa, y concretamente España. El complejo
agroalimentario que ha conocido en la Región de Murcia ha tenido un enorme
desarrollo a lo largo de todo el siglo XX y puede comprobarse el proceso de
extraversión experimentado a partir de la década de los 80 en los dos
subsectores con mayor presencia en la Región de Murcia. Por un lado, la
industria de conserva vegetal (de frutas y hortalizas), que tras el proceso de
crisis experimentado a fines de los años 70, con cierre de numerosas empresas,
solamente consiguieron superar tal recesión aquellas que impulsaron estrategias
de internacionalización, bien estableciendo alianzas con el capital
transnacional, bien siendo absorbidas por el mismo. Por otro lado, en la
pujante agricultura de producción de hortalizas y frutas en fresco fue
adquiriendo protagonismo la fase de confección del producto agrícola para su
conversión en producto alimentario (realizada en los denominados “almacenes de
manipulado”); transformación productiva que está estrechamente vinculada a la
tendencia exportadora cada vez más presente en este subsector alimentario como
estrategia de inculcación de mayor valor al producto agrícola, especialmente a
partir de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (1986) y la
constitución del Mercado Único Europeo (1993).
El
objetivo de la contribución no es realizar una evaluación de las políticas de
devaluación interna como
estrategia de salida de la crisis, como tampoco entrar en una discusión acerca de la naturaleza política
y económica de la crisis actual. Lo que más bien se plantea es rescatar de ese
debate sobre las políticas
de devaluación interna, el hecho de que propagan una estrategia de competitividad
basada en las exportaciones, en la reducción de salarios y de costes
laborales y, sobre todo, en un severo disciplinamiento de la población
contribuyendo a construir una mano de obra vulnerable y segmentada sexual y
étnicamente. Todas estas características, se sostiene, están en la base del
desarrollo del sector agroexportador de la Región de Murcia desde hace décadas. En última instancia, la
sostenibilidad en el tiempo del tipo de sociedad y de economía implícito en el
sector agroexportador es muy cuestionable. Abordar estas cuestiones puede ser
interesante para pensar críticamente sobre qué quiere decirse cuando se
presenta al modelo exportador de la economía como salida a la crisis.
El
nuevo consenso de la “devaluación doméstica” suele pensar la solución del
desempleo liderada por el sector privado de la economía. Por ello, la función
del sector público debe reducirse a propiciar las condiciones que estimulen el
crecimiento del sector privado (bajar los impuestos, reducir los intereses
bancarios) y por tanto la creación de empleo. Sin embargo, desde Marx a
Kalecki, pasando por Keynes, sabemos que el desempleo o el pleno empleo es una
cuestión eminentemente política. El que “en unos países haya más desempleo que
en otros” (G. Therborn) depende del modelo de relaciones sociales, del modelo
de desarrollo y, en definitiva, del tipo de políticas que han constituido un
determinado territorio.
Por
ello el estudio del sector agroexportador de la Región de Murcia, tal y como se
plantea en el texto, arroja luz sobre esta controversia. El argumento es el
siguiente: el tipo de relaciones sociales movilizado en la economía
agroexportador para abaratar los costes laborales se ha sostenido sobre las
desigualdades de género, etnia y ciudadanía, las cuales han posibilitado la
creación y recreación constante en el tiempo (pero con perfiles diferenciados
de composición social de la fuerza de trabajo) de un ejército de mano de obra en la reserva como requisito
indispensable para disciplinar la relación salarial y para adaptar la
organización social del trabajo a las discontinuidades temporales de un tipo de
producción (como la alimentaria) que por mucho que haya avanzado en su
industrialización sigue teniendo una composición biológica determinante y por
tanto, una dependencia de los ritmos y temporalidades de la naturaleza.
Este
ejército de mano de obra disponible es una construcción política derivada de
una determinada opción específica de desarrollo del capitalismo de la periferia
europea (promovida históricamente por sus élites económicas y políticas). Esto
explica que la eventualidad en las relaciones de trabajo haya sido un hecho
constitutivo de los ciclos expansivos de las economías del Sur de Europa (en la
Región de Murcia, por empleo, la tasa de eventualidad no descendió por debajo
del 40% de la población ocupada en el periodo expansivo entre 1995 y 2005) y
que en los ciclos recesivos (como el actual) en estas regiones de secular
arraigo de las relaciones eventuales de empleo, el desempleo crezca muy
rápidamente hasta alcanzar cifras dramáticas[1].
En
este contexto, efectivamente, tal y como plantearon los antropólogos Gavin
Smith y Susana Narotzky en un estudio sobre la economía política regional de
una comarca del sureste español, “la invención de situaciones de crisis y la
estimulación de la inseguridad general se convirtieron en medios elementales de
regulación social” (p. 23), y así mismo, las densas y extensas redes
paternalistas e interpersonales hicieron de la reciprocidad un factor de
regulación: “A lo largo del tiempo, los derechos laborales, que se extendían
hacia fuera desde la familia inmediata a la familia ampliada, los vecinos, los
miembros de la comunidad, etc., se convirtieron en un componente
institucionalizado de la vida diaria. Además, estos complejos conjuntos de
vínculos también sirvieron para compensar la inestabilidad regional producida
en parte por el clima impredecible y en parte por los ciclos comerciales, pero
sobre todo por el carácter cambiante de las propias empresas” (p. 22).
En definitiva, en la
contribución de los investigadores de ENCLAVES al volumen colectivo “Labor
Relations in Globalized Food” (2014), se atiende a las formas de resistencia y
conflicto del trabajo en el subsector de la producción agroalimentaria. La
hipótesis que se plantea es que las prácticas de conflictividad han buscado,
por un lado, contrarrestar la incertidumbre del trabajo mediante el
reconocimiento de una relación salarial estable, y por otro, contener las
posibilidades del uso empresarial del ejército de mano de obra en la reserva,
lo que ha supuesto al mismo tiempo introducir sustanciales modificaciones en el
modo paternalista de regulación social del trabajo.
[1]Según
Eurostat, las regiones españolas de Canarias, Andalucía, Ceuta, Melilla,
Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla La Mancha, y los
departamentos franceses de ultramar de Reunión, Guadalupe, Guayana y Martinica
registraron en 2010 los mayores niveles de desempleo de toda la UE. En
concreto, el departamento francés de ultramar de Reunión registró la mayor tasa
de paro, con un 28,9%, seguido de las regiones españolas de Canarias (28,7%),
Andalucía (28%) y Ceuta (24,1%), mientras que Melilla (23,7%), Murcia (23,4%),
Comunidad Valenciana (23,3%) y Extremadura (23%) ocuparon de la sexta a la
novena posición, y Castilla La Mancha (21%) compartió el décimo lugar con las
francesas Guayana y Martinica.
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