martes, 13 de noviembre de 2012

RESEÑA DEL SEMINARIO “ASENTAMIENTO Y MIGRACIÓN DE TRABAJADORES INDÍGENAS EN BAJA CALIFORNIA (MÉXICO)” ELABORADA POR KIM SÁNCHEZ (Profesora de Antropología de la UAEM e Investigadora de ENCLAVES)


Impartido por el Dr. Christian Zlolniski 
(Universidad de Texas en Arlington, chrisz@uta.edu
en Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),México. 
30 de octubre de 2012






“Yo estimo que hay alrededor de 250 mil cajas de tomates
que se exportan a Estados Unidos
 y los veo como 250 mil cajas de agua
que sale de la región sin pagar impuestos…
[sin embargo] hay gente que vive aquí
que no reciben agua en sus casas”
(Residente local del
Valle de San Quintín, Baja California, México)[1]

En esta ocasión tuvimos oportunidad de escuchar las interesantes reflexiones del Dr. Christian Zlolniski sobre un problema crítico de las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín: la escasez de agua.
Este valle, ubicado a menos de quinientos kilómetros de la frontera México-Estados Unidos y a lo largo de la costa del Pacífico, es un paradigmático caso de la cuestionable sostenibilidad de un enclave agroexportador orientado a la industria mundial de productos frescos.
Focalizando en el problema de la falta de equidad en la distribución del agua entre los distintos usuarios, el conferencista mostró que no solo existe dificultad de acceso a ese vital líquido por parte de los pobladores locales (y a un alto costo), sino -en contraparte-, se brinda total disponibilidad de este recurso para las grandes empresas agrícolas, que deben pagar poco y, además, reciben subsidios. Este  contrastante panorama resulta más acuciante debido a que San Quintín se ubica  en una región árida, especialmente escasa de fuentes hídricas.
El conferencista estuvo particularmente interesado en explorar las conexiones entre las políticas económicas neoliberales que impulsan el crecimiento de la industria mundial de productos frescos y las relaciones de poder regional que configuran un acceso diferenciado al agua, lo cual está enmarcado por líneas étnicas y de clase.
El antecedente inmediato de este escenario se encuentra a principios de los ochenta, cuando la intensificación de la producción hortícola orientada a la exportación en San Quintín, propició el paulatino asentamiento de miles de jornaleros y familias indígenas procedentes del sur de México, dando lugar a nuevas comunidades con una enorme diversidad étnica.
Al igual que otras regiones de agricultura intensiva del norte de México, San Quintín es resultado de políticas neoliberales que promueven la producción hortofrutícola para mercados internacionales. En este enclave en particular, el explosivo crecimiento de población -en una zona particularmente árida y de escasa densidad demográfica-, implicó grandes transformaciones sociales, económicas y ambientales. Las comunidades rurales que han surgido –señala Christian Zlolniski-, están construidas con el esfuerzo de jornaleros que han hecho de esta región su nueva comunidad de adscripción, donde la consolidación del proceso de asentamiento ha ido a la par de la pugna por el mejoramiento de las relaciones de trabajo y condiciones de vida.
Entre otros retos, estas nuevas comunidades de trabajadores han tenido que enfrentar el acceso diferencial al recurso hídrico, en lo cual se ve claramente que existen políticas que favorecen su uso por los agronegocios, a menudo a expensas del uso doméstico del agua. En esta materia, las políticas estatales permiten subvencionar de diferentes maneras a las grandes empresas. El investigador nos advierte que, en el Valle de San Quintín, la agricultura comercial ha dependido mayormente del agua subterránea (a diferencia de otros enclaves del norte que reposan en infraestructura de irrigación) y, por el hecho de producir cultivos intensivos de consumo de agua (como el tomate o la fresa), se generó un estrés ecológico a nivel regional. En un primer momento, los productores locales recurrieron a los acuíferos para irrigar sus tierras, por medio de la construcción de pozos y el riego por goteo. Sin embargo la intensificación de la producción en la década de los noventa, volvió a aumentar la presión sobre las cuencas hidrográficas. Entonces, estudios sobre el uso del agua en el área concluyeron que la agricultura comercial extraía seis veces más líquido que la recarga de aguas subterráneas. Luego, a fines de la década de los noventa, la sobreexplotación y la salinización de las cuencas llevaron a una crisis de agua tan severa que algunos expertos predijeron el fin de la agricultura comercial en ese valle. Sin embargo, los grandes productores encontraron alternativas, basadas principalmente en tecnologías de tratamiento de agua y sistemas productivos ahorradores de agua (y productos de mayor valor comercial), incluyendo invernaderos y las plantas de desalinización. Se trata de tecnologías procedentes de Estados Unidos y España, generalmente financiadas por los socios comerciales de estos productores en Estados Unidos. Asimismo el estado mexicano contribuye a subsidiar el costo de dichas tecnologías por medio de programas que cubren hasta el 50% de las mismas para las compañías que acceden a tales apoyos. Al mismo tiempo, el crecimiento de la agricultura de exportación también ha fomentado prácticas agresivas de extracción de aguas subterráneas entre compañías y productores que compiten por este escaso recurso.
En cambio, a diferencia de los agronegocios, las colonias han tenido acceso limitado a este recurso, no han contado con plantas desalinizadoras ni tienen subsidios gubernamentales para el agua de uso doméstico. La agencia estatal responsable de la provisión de agua a los residentes (Comisión Pública Estatal de Servicios de Ensenada, CESPE), no estaba preparada para un repentino crecimiento demográfico y la consiguiente demanda de agua. Existen solo 32 pozos urbanos (algunos de los cuales están secos), cantidad mucho menor que los pozos registrados para riego (alrededor de 400, sin contar los “clandestinos”), y el 40 por ciento de las colonias de la zona no tienen agua corriente. En el esquema de las políticas neoliberales de reducir el “déficit fiscal”, afirmó el conferencista, se produjo un incremento del costo de agua, lo que a su vez tuvo un fuerte impacto negativo en los precarios presupuestos de los trabajadores agrícolas. Con el tiempo, la escasez de agua y su elevado costo contribuyó a la expansión de mercados informales, la proliferación de robo de agua y otras prácticas ilegales.
De tal manera, señala el especialista, cuando el agua es escasa y se convierte en un recurso costoso, puede exacerbar desigualdades sociales y de clase y fomentar disturbios políticos.[2] En San Quintín, las disputas en torno a este recurso ha provocado con frecuencia protestas públicas, conflictos sociales y movilizaciones políticas de grupos residentes en toda la región.
Christian Zlolniski concluyó señalando que el desarrollo de San Quintín como zona agroexportadora, muestra la transferencia de los recursos hídricos a través de la frontera México-Estados Unidos por medio de productos hortícolas que consumen mucho agua y de alta calidad. Es decir, el resultado de todo este proceso, es que exista un “flujo virtual de agua” de uno a otro lado de la frontera, tal como otros estudiosos de la agricultura comercial en el noroeste de México han señalado.
Este hecho está agudizado por las políticas nacionales e internacionales que promueven el crecimiento del sector empresarial en Baja California, a expensas del uso doméstico de sus habitantes. En este contexto, el agua se considera un simple insumo productivo y los productores son insensibles a las necesidades de los trabajadores y los pobladores locales.
Tales prácticas permiten a las empresas transnacionales externalizar los costos de agua a las zonas de agroexportación, dejando a los residentes que compitan por los suministros escasos y contaminados de agua. La externalización aumenta la distancia social entre los agronegocios transnacionales como actores globales y las personas que viven en las comunidades locales y son mano de obra en campos e invernaderos.
La relación entre fuerzas globales y estructuras de poder regionales está, sin embargo, mediada por las políticas e instituciones del estado. Frente a la competencia entre sector empresarial, por un lado, y una sociedad civil que se fortalece en forma creciente, por otro, las políticas implementadas por el gobierno mexicano en materia de agua han favorecido claramente al primero.
Finalmente, se señala que el Valle de San Quintín no es un caso aislado. La expansión mundial de la industria de productos frescos ha introducido una intensa competencia por el agua entre actores globales y comunidades locales en otras regiones de México y América Latina.
Elaboró Kim Sánchez
8 de noviembre de 2012



[1] Testimonio citado por Christian Zlolniski en “Water Flowing North of the Border: Export Agriculture and Water Politics in a Rural Community in Baja California”, Cultural Anthropology, Vol. 26, Issue 4, pp. 565-588.
[2] En el artículo antes citado se hace referencia a Whiteford y Cortez Lara (2005) “Good to the Last drop: The Political Ecology of Water and Health on the Border”, in Globalization, Water and Health, Linda Whiteford and Scott Whiteford, eds. Pp. 231-254, Santa Fe, NM: School of American Research.




Por último adjuntamos el artículo de Christian Zlolniski reseñado en el texto "Water flowing north of the border: export agriculture water politics in a rural Community in Baja California" publicado en Cultural Anthropology.

Texto Charla Christian Zlolniski en UAEM

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